Esto se debe a que España estuvo controlada desde 1502, por los reyes católicos, y en su afán de consolidar su monarquía buscaron unificar en su país la religión, el territorio y la lengua en sus dominios.
De esta forma poco a poco se fue regulando la literatura para controlar a la población con Felipe II confirió esta tarea al Consejo de Castilla, y a partir de siglo XVIII es el juez de imprenta quien otorga las licencias para imprimir. Para el control de la circulación de las obras ya publicadas, fuesen realizadas de manera clandestina, o consideradas peligrosas después de su aparición, o aun editadas en el extranjero, la vigilancia fue ejercida sobre todo por la iglesia a través del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, el cual estaba subordinado a la Corona.
Ya que era el encargado de salvaguardar la fe, este organismo contaba entre sus funciones la de perseguir toda proposición heterodoxa dicha o escrita. Era pues el a quien incumbía la tarea de condenar los libros y castigar a los autores y a los libreros. Las penas para los infractores eran severas: iban desde la confiscación total de sus bienes, el exilio perpetuo, la excomulgación o la pena de muerte.
La vigilancia real sobre la edición y la circulación de los escritos se ejercía a través de una constante promulgación de medidas de control: impuestos sobre el papel para imprimir, sobre la edición.
Con esto se buscaba frenar las publicaciones en España en relación con otros países lo que impulso la importación clandestina.
Fuente:Ramos Soriano, Jose Abel: Los Delincuentes de papel: Inquisicion y libros en la Nueva España (1571-1819), Fondo de Cultura Economica.
